En una contundente declaración realizada a las afueras del Ministerio Público, Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez, abogados defensores de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), condenados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ha sacudido los cimientos del caso con serias acusaciones de manipulación de pruebas por parte de una perito del caso.
Sánchez, visiblemente preocupado por la integridad del proceso judicial, denunció que desde el año 2019 su equipo había identificado y reportado irregularidades en el manejo de las evidencias por parte de la perita Brenda Barahona, designada por el Ministerio Público.
Según el abogado, Barahona habría incurrido en la edición, falsificación y borrado de información crucial, actuaciones que podrían haber distorsionado el curso de la justicia en este caso de alto perfil.
“Nos encontramos frente a una situación alarmante donde la objetividad y veracidad del proceso se ven comprometidas. No se trata sólo de una falta a la ética profesional sino de una violación grave a los derechos de nuestros representados y al principio de justicia”, afirmó Sánchez.
La defensa ha presentado evidencia, respaldada por peritos independientes de México y Estados Unidos, que establecerían la manipulación de las pruebas.
A pesar de estas graves acusaciones, señala Sánchez, las autoridades del Ministerio Público anterior no iniciaron las diligencias necesarias para investigar estos hechos, dejando las denuncias en un aparente olvido.
El abogado también destacó la preocupante intervención de representantes internacionales en el proceso judicial, sugiriendo una influencia indebida en la administración de justicia en Honduras. Este punto, subraya, ha sido parte de las denuncias presentadas, sin recibir la atención debida por las autoridades previas.
Con la llegada de nuevas autoridades al Ministerio Público, incluyendo un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto, la defensa de DESA ve una oportunidad para que se revisen y reasignen los expedientes relacionados con estas denuncias.
“Esperamos que con esta nueva gestión se corrijan las irregularidades y se garantice un proceso justo y transparente, no sólo para nuestros representados sino para todos los hondureños que podrían verse afectados por prácticas judiciales cuestionables”, expresó Sánchez.
Además de las acciones legales contra Barahona, la defensa de DESA pide una revisión completa del juicio, argumentando que desde su inicio ha estado viciado por la manipulación de evidencia y por decisiones forzadas sobre los jueces, lo cual, según ellos, invalida todo el proceso.
Este llamado a la acción por parte del equipo legal de DESA busca no sólo la revisión del caso de los ejecutivos condenados sino también un cambio profundo en cómo se administran y se investigan los casos de alto impacto en Honduras, poniendo un especial énfasis en la necesidad de un sistema judicial transparente, imparcial y justo.
Mientras tanto, el Ministerio Público aún no ha emitido comentarios sobre las recientes declaraciones, pero se espera que las nuevas autoridades tomen cartas en el asunto para esclarecer las acusaciones y asegurar la integridad del proceso judicial en uno de los casos más emblemáticos y controvertidos de la justicia hondureña.
