Anualmente, más de 20 mil niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años son madres en Honduras, y la mayoría de esas gestaciones tienen su origen en violaciones, una realidad extendida que reproduce la pobreza y convierte al país centroamericano en «un paraíso» para los abusadores y pedófilos.
La situación de embarazos adolescentes «es muy alarmante» en Honduras, donde mantener relaciones sexuales con menores de 14 años es tipificado como delito de violación, según el Código Penal, dijo el director de Seguridad y Justicia de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda.
«Dónde están esos casos de esas niñas entre 8 a 14 años que dieron a luz pero que no se ejecutaron las investigaciones correspondientes, porque eso es claramente una violación», señaló, por lo que pidió más voluntad política para reducir el abuso sexual infantil.
Según datos de la Secretaría de Salud, citados por la ASJ, capítulo de Transparencia Internacional (TI) Honduras, alrededor de 71.622 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años dieron a luz entre 2020 y 2022, lo que significa 23.874 anualmente.
Del total de partos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años atendidos en los establecimientos sanitarios del país, al menos 8.652 casos se registraron en el departamento de Francisco Morazán, donde se localiza la capital.
MÁS POBREZA
La cifra de niñas y jóvenes madres en Honduras «es totalmente preocupante» y debe servir para que la población «entienda que hay un problema muy grave», indicó Castañeda, quien urgió a las autoridades a iniciar una campaña de educación sexual en los centros educativos.
Los embarazos de niñas y adolescentes en Honduras es un problema que «se está saliendo de control» y supone una realidad que «provoca más pobreza» en ellas, lo que las impulsa muchas veces a migrar o sufrir violencia doméstica, enfatizó el especialista.
Lamentó que muchos sectores sociales rechacen la implementación de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente, aprobada en marzo pasado por el Parlamento, argumentando que la normativa «incentiva a los jóvenes a tener relaciones sexuales, lo que autoridades y expertos han desmentido.
Según organismos de derechos humanos, la mayoría de estos embarazos, principalmente en niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren las menores, especialmente dentro de su hogar o comunidad.
