El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) comparece este martes a la audiencia inicial en contra del comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, quien se entregó a la justicia el pasado 27 de julio tras permanecer casi cinco años prófugo.
Como se recordará, en la audiencia de declaración de imputado el juez con jurisdicción nacional dictó arresto domiciliario al aceptar una caución hipotecaria de una vivienda valorada en cinco millones de lempiras; no obstante, el Ministerio Público pedirá que el auto de formal procesamiento se acompañe de la medida cautelar de prisión preventiva, dado la gravedad del delito y valorando las recientes reformas en la materia.
En relación a este expediente, el pasado 8 de junio, el Ministerio Público, a través de la UF-ADPOL y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), obtuvo un fallo de extinción definitiva del dominio sobre dos viviendas, dos vehículos y 13 cuentas bancarias de Mejía Tinoco y su esposa Wendy María Castro.
La acusación por lavado de activos de octubre de 2018 contra Mejía Tinoco, así como la acción promovida en febrero de 2020 con la que se buscó la declaratoria de comiso de sus bienes, se deriva a que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y el de su núcleo familiar, en el periodo comprendido ente 2012 y 2017.
Dentro del requerimiento fiscal interpuesto por la vía penal por la UF – ADPOL figura también su exesposa Denisse Yamileth Morales, quien fue condenada en febrero de 2021 por lavado de activos y para quien se ordenó el comiso de siete cuentas bancarias a su nombre.
Asimismo, en las imputaciones se incluyeron seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF – ADPOL y practicada por agentes de la ATIC asignados a esa unidad, se establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca, y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI).
